Este 15 de mayo es el Día Mundial de las Especies Amenazadas, una fecha que llega en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) conocido como COVID–19, el cual tiene origen animal y está relacionado al tráfico de vida silvestre, lo que evidencia que, en estos crímenes ambientales, las víctimas somos todos.

Actualmente, un millón de especies de flora y fauna en el mundo están amenazadas, de acuerdo con Naciones Unidas. Los océanos no son la excepción, se estima que un 33% de las poblaciones de peces en el mundo están sobrexplotadas y muchas otras, como cetáceos, tiburones y tortugas, están amenazadas.

Perú se ha convertido en líder mundial en el combate del tráfico ilegal de tiburones protegidos para el comercio internacional como el tiburón diamante o el tiburón martillo. En los últimos dos años se han realizado grandes incautaciones: más de 30 toneladas de partes de tiburones, como aletas o troncos, han sido intervenidas por la SUNAT al no contar con los permisos necesarios para su comercio internacional o ingresar a nuestro país. De hecho, se ha identificado una ruta de comercio ilícito proveniente de Ecuador, donde la pesca de tiburones está restringida, hacia Perú, con el fin de reexportar los cargamentos con destino a China.

“Muchos tiburones del mar peruano están comprendidos en la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), el único acuerdo ligado a conservación que puede imponer sanciones severas para los países miembros”, indica Alicia Kuroiwa, Directora de Hábitats y Especies Amenazadas de Oceana Perú.

Sin embargo, aún mantenemos pendientes para proteger la salud de los ecosistemas marinos. En primer lugar, existen muchas especies marinas que no han sido consideradas como tales en el país. Es así que el Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú y la lista de especies amenazadas no hacen referencia a especies marinas de ballenas, tiburones, delfines, peces e invertebrados marinos. Esto debido a que la legislación peruana los considera recursos hidrobiológicos y no fauna marina, por lo que su gestión recae en el Ministerio de la Producción (PRODUCE).

“Al no ser considerados fauna silvestre, no es posible clasificar su estado de conservación. En cambio, la Lista Roja de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, autoridad mundial sobre el estado de la naturaleza y los recursos naturales, sí incluye a estas especies”, agrega Kuroiwa.

Por otro lado, el Congreso aún debe revisar la modificación de la Ley del Crimen Organizado, con el objetivo de ampliar sus alcances a los delitos de tráfico ilegal y depredación de especies flora y fauna silvestre, lo que deberá comprender también a las especies marinas. Esto otorgaría al Estado herramientas legales más efectivas – como el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, inhabilitación de funcionarios públicos implicados en la organización criminal, y la cooperación o asistencia internacional – para frenar estos delitos ambientales.

Finalmente, Perú ha firmado el Acuerdo de Escazú el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, el cual mejorará el acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales.

En la actualidad el Congreso debe aprobar la ratificación para que el tratado entre en vigencia. Se necesita que 11 países lo ratifiquen y ya son ocho Estados los que han cumplido con su parte. Esto fortalecerá la democracia ambiental en el país y la región, lo cual también incluye beneficios para la pesca y conservación marina, como el acceso a información actualizada sobre los recursos y la actividad pesquera, así como establecer mecanismos institucionalizados de participación pública en los procesos de toma de decisión.