Para fortalecer la transparencia en el sector pesquero peruano existen dos aspectos que deben ser desarrollados en la normativa vigente. Primero, promover la difusión y el acceso a la información que sea utilizada en el proceso de toma de decisiones (información científica o sobre la gestión pesquera); y, también, establecer los mecanismos formales de participación de los actores interesados en la gestión pesquera. Actualmente, la Ley General de Pesca no contempla estos dos aspectos de la transparencia; y el desarrollo de estos en la Ley permite establecer obligaciones expresas que debe cumplir el Ministerio de la Producción en esta materia.

¿Qué obligaciones de transparencia deberían estar contempladas en la Ley General de Pesca?

Para empezar, la obligación de transparentar la situación de los stocks y los métodos de su evaluación. En Perú, no existe la obligación de publicar cada cierto tiempo un informe que detalle la situación de cada pesquería de importancia comercial para el país. En países como Chile y Estados Unidos, la legislación pesquera obliga a reportar anualmente el estado de los stocks de cada pesquería en la web institucional de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en el caso de chile, y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, existe además la obligación de reportar al Congreso. En ambos casos, estos reportes se encuentran disponibles en el portal web institucional de las referidas entidades.

En países como Chile y Estados Unidos, la legislación pesquera obliga a reportar anualmente el estado de los stocks de cada pesquería, informacón que es de acceso público en línea

Por otro lado, respecto de la información y datos que sirven de insumo para la adopción de medidas de ordenamiento pesquero, en el caso peruano, no se puede acceder a la información completa y oportuna de las evaluaciones que realiza el Instituto del Mar del Perú – IMARPE. Esta situación restringe la capacidad de los actores interesados de validar si esta información es la más idónea para la adopción de medidas de ordenamiento. A diferencia de Perú, en Chile existe la obligación de publicar los informes técnicos que sustentan las medidas de ordenamiento y los datos e información que los sustentan. Esta información se encuentra disponible en la web de la Subsecretaría.

Asimismo, en el caso de México, se puede apreciar la participación de las universidades y otras instituciones científicas en el aporte de información científica para el proceso de toma de decisiones a través de la Red Nacional de Información e Investigación Científica en Pesca y Acuacultura. La información proporcionada es validada por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura – INAPESCA, que es la institución que lidera la Red.

Otra obligación relevante es la de recolectar y publicar de manera oportuna la información de las actividades pesqueras como las estadísticas diarias y mensuales de pesca, y los resultados de las actividades de fiscalización. La información sobre la actividad de cada pesquería es relevante para verificar, entre otros, el desempeño económico o ecológico de las pesquerías y hacer una evaluación sobre las medidas de ordenamiento vigentes o las que se vayan a adoptar, según sea el caso. En Chile, México, Estados Unidos y Canadá se puede encontrar este tipo de información publicada en los portales web institucionales. En el caso de Estados Unidos y Canadá incluso se puede observar la publicación de indicadores sociales y estadísticas de empleo, respectivamente.

En relación con los reportes de la actividad de fiscalización, Perú ha mostrado avances en el caso de la pesquería industrial de anchoveta. PRODUCE publica reportes sobre los avances de la temporada, que incluye información sobre la cantidad de inspecciones y la cantidad de decomisos; sin embargo, aún queda pendiente difundir información sobre el seguimiento realizado a las actividades de otras pesquerías de mayor importancia comercial. A diferencia de Perú, donde esta práctica no responde a un mandato legal, en Chile, existe la obligación expresa de reportar anualmente las actividades de fiscalización del año anterior, debiendo publicar dicho reporte en el portal web del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Se ha podido corroborar la publicación de estos reportes en la web del Servicio.

Por último, la Ley General de Pesca debe establecer los mecanismos de participación en el proceso de toma de decisiones de los actores interesados en la pesquería, que permitan discutir sobre las medidas de ordenamiento pesquero desde la fase del diseño de las mismas. Actualmente, PRODUCE publica los proyectos de Decretos Supremos de estas medidas para comentarios del público, pero dicho mecanismo está lejos de ser un mecanismo de discusión de la medida propuesta, ya que no se publican los comentarios hechos por el público ni cómo PRODUCE ha valorado los mismos.

Además del caso de la Red de Información e Investigación Científica de México, en los casos de Chile y Estados Unidos, existe el mandato de conformar órganos bipartitos que asesoren a la autoridad de pesca en el proceso de toma de decisiones. Estos órganos están conformados por representantes del sector público (que incluye a distintos actores diferentes del sector pesca) y representantes del sector privado como pescadores artesanales, representantes de la industria extractiva y de procesamiento, ONG ambientales, entre otros; con reglas claras sobre su funcionamiento, y que en medidas sus opiniones deben ser consideradas por la Administración pesquera.

El sector pesquero peruano es percibido como uno de los más corruptos del país, imagen que desde el Gobierno y las empresas se viene trabajando en corregir. Para lograrlo es clave mejorar el acceso a la información y los mecanismos de rendición de cuentas; y la experiencia de otros países de tradición pesquera nos enseña que contar con normas claras al respecto es un buen punto de partida en ese camino hacia la transparencia.