El nuevo Congreso tendrá un juego político complicado, donde la construcción de acuerdos políticos entre las seis bancadas será indispensable para lograr la estabilidad social y económica. En ese marco, existen reformas en el sector pesquero que han sido postergadas por el último Parlamento, pero que no pueden esperar más ante delitos como la pesca ilegal por embarcaciones nacionales y extranjeras.
Entre las principales debilidades del sector pesquería se encuentran no solo la falta de reglas de manejo para muchas de las principales especies comerciales, sino también la poca voluntad de cumplir las que ya existen, a esto se le suma la reducida red de vigilancia público-privada, así como el limitado alcance de las acciones de fiscalización y control en el ámbito pesquero y acuícola, entre otras.
Por esta razón, una de las prioridades del Plan Estratégico del sector Producción durante el pasado Gobierno fue la creación e implementación de la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura (SUNAPES).
La creación de la SUNAPES estaba prevista para el 2013, pero hoy es una meta pendiente, si bien el proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Producción del saliente Congreso, quedó a la espera de aprobación en el Pleno.
Fundar esta institución, así cómo contar con un Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola, son pasos importantes para ordenar la actividad pesquera y acuícola, reducir la tasa de infracciones de la flota formal y luchar contra actividades ilegales.
Precisamente, la gran cualidad de este sistema será incluir a las entidades que realizan funciones de supervisión, fiscalización y sanción a nivel regional y local, así como a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas y al Ministerio Público a través de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. Esto ayudaría a contar con respuestas más rápidas y coordinadas durante las operaciones en altamar y en tierra. Por ejemplo, para poner freno a la construcción de embarcaciones ilegales.
- Necesarios ajustes
lA sunapes incluirá a entidades que fiscalizazan la pesca a nivel regional y local. Foto: Eltaller.pe/Diego Pérez
Sin embargo, la propuesta contiene disposiciones contrarias a la finalidad de la SUNAPES. Para empezar, el jefe será designado mediante Resolución Suprema a propuesta del Ministerio de la Producción (PRODUCE), por un periodo de tres años; pero esto no garantiza la autonomía de la entidad.
Esto es aún más relevante si consideramos que la institución estaría adscrita a PRODUCE y no contaría con un Consejo Directivo. En ese escenario, la elección imparcial, basada en méritos profesionales y académicos, así como la garantía de permanencia más allá de los vaivenes políticos, son requisitos indispensables para garantizar la independencia y objetividad del ente encargado del control y fiscalización del sector.
Al ser un cargo técnico y no político, debería realizarse un concurso público como sucede en instituciones de la misma naturaleza, por ejemplo en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR).
Por otro lado, las funciones de la SUNAPES, a excepción de la sancionadora y la normativa; podrían ser ejercidas a través de terceros. Si bien esta es una práctica común en entidades con competencias de supervisión y fiscalización, es necesario que la norma de creación asegure las capacidades y la idoneidad de quienes realicen esta tarea. Asimismo, se deben establecer mecanismos claros de responsabilidad.
Por ello, la SUNAPES debería implementar un Registro Administrativo de personas naturales y jurídicas que se encuentren acreditadas. Así también, establecer responsabilidad civil, penal y administrativa para los terceros si omiten o distorsionan los resultados o por irregularidades en la fiscalización.
- Lucha internacional contra la pesca ilegal
Secadero de aletas de tiburón en El Callao. Actividad prohibida en muchos países del mundo. Foto: Oceana
La pesca ilegal es en promedio el 30% de la pesca global, con capturas anuales de hasta 26 millones de toneladas y un valor promedio de US$23,000 millones. Perú, con el mar más productivo del mundo, no es ajeno a este delito con un impacto económico por encima de los 360 millones de dólares anuales. Es bien sabida la presencia de barcos pesqueros chinos en el umbral de las 200 millas peruanas, en busca sobretodo del calamar gigante, la especie codiciada por las embarcaciones asiáticas.
La pesca ilegal no solo diezma los recursos marinos y pone en peligro la seguridad alimentaria, tambièn está vinculada a otros delitos, como evasión impositiva, lavado de dinero, contrabando y violación de las normas laborales.
Si bien en los últimos años se quintuplicó el presupuesto de Supervisión y Fiscalización, se creó un nuevo marco normativo, se modernizaron las balizas satelitales, se diseñó un nuevo software y se inauguró un moderno centro de control satelital, estas medidas que se centran en combatir actividades ilegales de la flota nacional. Aún es crucial que entre en vigencia en el país el mayor tratado internacional contra las operaciones de pesca ilícita.
Pese a que Perú firmó el “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada”, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ratificado por 29 países de la región, aún no se puede aplicar en el mar peruano.
Perú pierde US$ 360 millones anuales por la pesca ilícita, de acuerdo a información de la FAO
Su ratificación quedó pendiente en el último Congreso, mediante la aprobación del Proyecto de Ley N° 5271/2015-PE. Este tratado es de vital importancia para fortalecer el control de las embarcaciones que pescan fuera de las 200 millas del mar territorial y que ingresan al Perú para desembarcar o aprovisionarse.
El acuerdo exige que buques pesqueros extranjeros soliciten autorización para entrar a los puertos y brinden información detallada sobre sus actividades. De igual manera, otorga facultades al país para inspeccionar y sancionar a barcos extranjeros sospechosos de haber realizado pesca ilegal en su dominio marítimo.
El próximo Parlamento debe priorizar la aprobación de este tratado y crear la SUNAPES, ya que fortalecen la lucha contra la pesca ilegal y la sobrepesca mediante una efectiva protección de los recursos pesqueros. Con ello se ayudaría a conservar el trabajo del cual dependen un cuarto de millón de puestos de trabajo y una fuente vital de proteína para la alimentación.
Artículo publicado originalmente en la revista Velaverde el 1 de agosto del 2016
